CONCLUSIONES SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA (CYNTHIA)

Los documentos: “Borrador sobre autonomía universitaria” (Gómez 2008) y “Autonomía universitaria: ¿un nuevo contrato social? (Divo ), presentan visiones en relación con el tema de la autonomía universitaria, la cual es la potestad de las universidades de darse sus formas de organización, sus normas, selección de autoridades, administración de recursos y la libertad en la búsqueda del saber científico.

La diferencia básica que observamos en ambas visiones está centrada en la incidencia o no del carácter político y eclesiástico en el quehacer universitario.

Gómez plantea que desde la creación de las primeras universidades en los siglos XI y XII la Iglesia y el sistema monárquico de gobierno imperante determinaron dos modelos de instituciones universitarias: uno Pontífice, clerical y otro Real, monárquico. Es decir, desde el nacimiento mismo de las universidades, las instancias dominantes han incidido en el carácter o en la amplitud del término “autonomía”.

Contrario a ello, Divo Plantea que “ya desde el siglo XIII, se reconocía el régimen autonómico de la Universidad de Salamanca, que sirve, junto con la de Alcalá de Henares, de modelo a las demás universidades españolas…” las cuales se distinguieron de la Jerarquía Eclesiástica, y que como parte de la naturaleza de la universidad estaban su independencia y autonomía, frente a los grupos e individualidades gobernantes, incluida la propia iglesia.


Sabemos que hoy día la autonomía universitaria es un tema de gran controversia nacional, ya que se están impulsando transformaciones en el seno de las universidades para disminuir la exclusión social al eliminar las pruebas internas e impulsar un mecanismo de rendición de cuentas al Estado sobre el manejo de los recursos. Ello parece poner en contraposición dos elementos: las políticas gubernamentales hacia el sector universitario, a través del Ministerio de Educación Superior y la concepción básica de Autonomía Universitaria.


Esto genera a nuestro modo de ver una gran problemática social, porque mientras “ se ponen de acuerdo”, la sociedad en su totalidad es quien arrastra las consecuencias de ambos sectores. Por un lado el gobierno no termina de brindar las condiciones objetivas para el mejoramiento de todo el sistema universitario, no sólo para la inclusión, sino para garantizar la permanencia y la ocupación de los egresados; y por el otro lado, las Universidades no terminan de adecuarse a las necesidades actuales de la sociedad, de producir el desarrollo científico y tecnológico y cultural del país, que genere impactos directos y positivos en la población.

Más allá de meras conceptualizaciones de qué ha sido o qué es autonomía Universitaria, el Estado debe impulsar políticas que trascienda lo institucional, y se genere a través del debate político e ideológico, una conceptualización de qué tipo de país queremos, qué sociedad debemos construir, cuál es la función social de la universidad, qué problemas sociales vamos a resolver a corto, mediano y largo plazo, cómo podemos garantizar una eficiente administración de los recursos, cómo se operacionaliza la inclusión social, en fin qué haremos por el desarrollo humano de nuestra patria?